En España, la ocupación ilegal de viviendas, conocida como “okupación”, ha sido un problema creciente en los últimos años, generando preocupación entre propietarios y en la sociedad en general. Para abordar esta situación, se ha propuesto una reforma legal que busca agilizar los desalojos y fortalecer la protección de los derechos de los propietarios.

Cambios Propuestos en la Legislación

La reforma se centra en modificar el artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de inmuebles se tramiten mediante el procedimiento de juicios rápidos. Esto permitiría resolver estos casos en un plazo máximo de 15 días desde su entrada en el juzgado, acelerando significativamente el proceso de desalojo.

El allanamiento de morada, regulado en el artículo 202 del Código Penal, se refiere a la ocupación ilegal de una vivienda habitada, mientras que la usurpación, contemplada en el artículo 245, se aplica a inmuebles deshabitados. Con la reforma, ambos delitos serían susceptibles de ser juzgados rápidamente, facilitando la recuperación de las propiedades por parte de los dueños.

Implicaciones del Cambio

La implementación de esta reforma tendría varias consecuencias:

• Agilización de Desalojos: Los propietarios podrían recuperar sus viviendas en un tiempo considerablemente menor al actual, donde los procesos pueden extenderse entre 4 y 12 meses. Con la nueva ley, se estima que los desalojos podrían efectuarse en aproximadamente 15 días.

• Reducción de Costes: Al acortar la duración de los procedimientos judiciales, se disminuirían los gastos legales asociados, beneficiando económicamente a los propietarios afectados.

• Disuasión de Ocupaciones Ilegales: La posibilidad de desalojos rápidos podría actuar como un elemento disuasorio para quienes consideren ocupar inmuebles de manera ilegal.

Fecha Prevista de Entrada en Vigor

La reforma fue aprobada por el Congreso de los Diputados en noviembre de 2024 y actualmente se encuentra en trámite en el Senado, donde se espera su aprobación definitiva debido a la mayoría existente a favor de la medida. Una vez sancionada por el Rey y publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se prevé que la ley entre en vigor en febrero de 2025.

Impacto en el Sector Inmobiliario

La reforma promete importantes beneficios para el mercado inmobiliario en varios frentes:

1. Incremento de la Confianza de los Propietarios

La posibilidad de desalojos rápidos puede animar a los propietarios que actualmente se resisten a alquilar sus inmuebles por temor a la okupación. Esto podría aumentar la oferta de viviendas en el mercado de alquiler, ayudando a equilibrar la demanda y a estabilizar los precios.

2. Auge en las Inversiones Inmobiliarias

La mayor seguridad jurídica podría atraer a inversores nacionales e internacionales interesados en adquirir propiedades en España, tanto para uso personal como para alquiler. Esta seguridad incentivará el desarrollo de nuevos proyectos, especialmente en áreas urbanas y turísticas como la Costa Blanca.

3. Dinamización del Mercado de Compraventa

Muchos inmuebles desocupados permanecen fuera del mercado debido a los riesgos de okupación. Con la nueva ley, estos activos podrían salir a la venta, aumentando la oferta y favoreciendo transacciones más fluidas.

4. Mayor Transparencia y Legalidad

Al reducir la ocupación ilegal, la reforma también podría disminuir los conflictos legales relacionados con los inmuebles, mejorando la imagen del mercado inmobiliario español ante posibles inversores y compradores extranjeros.

Consecuencias para el Mercado de Alquiler y Compraventa

• Alquiler: Se espera que el mercado se vuelva más accesible, con un incremento en el número de inmuebles disponibles para arrendamiento. Esto podría traducirse en una ligera reducción de los precios del alquiler, especialmente en las zonas con alta concentración de viviendas vacías.

• Compraventa: La reactivación de propiedades ocupadas ilegalmente permitirá a los propietarios vender estos inmuebles con mayor facilidad, lo que podría ampliar la oferta y ejercer presión a la baja sobre los precios en ciertas regiones.

Consideraciones Finales

Aunque la reforma representa un avance significativo en la protección de los derechos de los propietarios, es importante considerar su aplicación equilibrada para no desatender situaciones de vulnerabilidad social. La efectividad de la nueva normativa dependerá de su correcta implementación y de la capacidad del sistema judicial para adaptarse a los nuevos plazos establecidos.